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De la política al objetivo: dónde están paradas las empresas argentinas en su agenda climática y qué sigue

Los datos de la Comunicación de Progreso 2025 del Pacto Global muestran un sector con compromisos declarados pero con una brecha significativa en la formalización de metas con base científica. En un contexto de creciente presión regulatoria global, esa brecha empieza a tener costos concretos.

UN ENTORNO QUE CAMBIA MÁS RÁPIDO QUE LAS EMPRESAS

La agenda climática corporativa ya no es una conversación sobre reputación o licencia social. En los últimos tres años, el ecosistema regulatorio y financiero global reconfiguró los incentivos de manera sustancial: la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la Unión Europea exige que las grandes empresas (y progresivamente sus cadenas de valor) reporten con estándares verificables. La taxonomía europea clasifica las inversiones según su alineación climática. Y los grandes fondos de inversión incorporan criterios de descarbonización en sus decisiones de asignación de capital.

Para las empresas argentinas que exportan, integran cadenas de valor globales o acceden a financiamiento internacional, esto tiene una traducción directa: sus contrapartes les piden datos de emisiones, objetivos de reducción y evidencia de progreso. No como un diferencial competitivo, sino como requisito de entrada.

DIAGNÓSTICO: EL ESTADO DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN ARGENTINA SEGÚN LA CoP 2025

Los datos de la CoP 2025 permiten hacer una lectura granular del estado de situación. El panorama tiene dos caras: hay avances reales en la adopción de políticas y en la realización de acciones concretas, pero la gestión climática de la mayoría de las empresas argentinas sigue siendo de primer nivel (declarativa, ad hoc, sin la estructura de objetivos verificables que el contexto global empieza a demandar).

Que el 60% de las empresas argentinas que reportan a través de la CoP cuente con una política de cambio climático es un punto de partida relevante. Pero una política por sí sola no reduce emisiones ni posiciona a la empresa frente a las exigencias de sus cadenas de valor. Lo que sigue a la política es lo que define si el compromiso es operativo o meramente declarativo.

El 75% de las empresas tomó al menos una acción climática concreta durante el período. La capacitación interna lidera con el 55% (lo que indica que el conocimiento y la sensibilización siguen siendo la intervención más extendida. Las acciones de mayor complejidad operativa, como la extensión de capacidades a la cadena de valor o la participación en instancias regulatorias, tienen una penetración todavía baja.

Aquí aparece una de las brechas más significativas del diagnóstico. El 44% analiza los temas climáticos de forma ad hoc (sin estructura de metas ni seguimiento sistemático) y el 11% directamente no monitorea avances. Solo el 37% de las empresas fija objetivos anuales y hace seguimiento de su progreso. La mayoría actúa sobre el tema climático, pero sin la arquitectura de gestión que permite medir si esas acciones producen resultados.

LA BRECHA CENTRAL: OBJETIVOS CON BASE CIENTÍFICA

Si hay un dato que sintetiza el estado de situación, es este: entre el 87% y el 92% de las empresas argentinas que reportan a través de la CoP no tiene objetivos de reducción de emisiones validados por terceros bajo estándares como la iniciativa Science Based Targets (SBTi). Y esto en un contexto donde la SBTi (que establece que los objetivos deben alinearse con la trayectoria de 1,5 °C del Acuerdo de París) se convirtió en el estándar de referencia global para la validación de compromisos climáticos corporativos.

Estos números no implican que las empresas no estén haciendo nada: los datos de E3 muestran lo contrario. Lo que revelan es que la gestión climática de la mayoría no alcanza todavía el nivel de formalización y verificación externa que los mercados internacionales, los inversores y las cadenas de valor globales empiezan a exigir como estándar mínimo.

El 76% de las empresas no cuenta con un plan de adaptación climática activo. La adaptación (entendida como la capacidad de identificar y gestionar los riesgos físicos que el cambio climático impone sobre las operaciones, la cadena de suministro y los activos) es un componente que los marcos de reporte como TCFD y los estándares ISSB empiezan a incorporar como obligatorio en muchas jurisdicciones. La mitigación sin adaptación es una estrategia climática incompleta.

El diagnóstico que emerge de la CoP 2025 es el de un sector que aprendió a hablar de clima, que en muchos casos empezó a actuar, pero que todavía no dio el salto hacia una gestión climática estructurada, medible y verificable externamente. Esa distancia entre el compromiso declarado y la arquitectura de gestión que lo sostiene es, hoy, el principal desafío de la agenda climática corporativa en Argentina.

EL PASO SIGUIENTE: DE LA GESTIÓN AD HOC AL OBJETIVO CON BASE CIENTÍFICA

Cerrar esa brecha no es un proceso trivial. Implica construir o robustecer el inventario de emisiones, entender las metodologías de la SBTi, identificar las palancas de reducción dentro de la organización y en la cadena de valor, y generar el involucramiento interno (desde el área técnica hasta la alta dirección) que permite sostener compromisos de largo plazo.

Es en ese proceso donde se ubica el Acelerador de Ambición Climática del Pacto Global de las Naciones Unidas, un programa de seis meses que acompaña a empresas de todos los tamaños y sectores en el desarrollo de objetivos de reducción de emisiones alineados con la ciencia climática. El programa combina formación técnica, trabajo aplicado sobre los datos propios de cada empresa, intercambio entre pares y acceso a herramientas y metodologías internacionales con el objetivo de que cada participante termine el proceso con un camino claro hacia el establecimiento de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi).

En su edición 2025, el programa contó con la participación de 16 empresas argentinas. La convocatoria para la edición 2026 - que se extiende de mayo a noviembre -  está abierta hasta el 30 de abril.

Para las áreas de sustentabilidad que ya tienen la agenda climática instalada pero necesitan el marco técnico y el respaldo institucional para dar el siguiente paso, el Acelerador ofrece un espacio concreto de trabajo. Para las que están empezando, es un punto de entrada estructurado en un proceso que, en el contexto regulatorio y comercial actual, ya no puede postergarse.